De hecho la Corporación Insular mantiene, a diferencia de la práctica totalidad de las administraciones públicas, la aplicación del RDL 20/2012 de estabilidad presupuestaria en cuanto a dejar en suspenso derechos recogidos en los Convenios de los Casinos de Tenerife, en cuanto a las garantías salariales y complementos a las prestaciones de la Seguridad Social al personal en situación de Incapacidad Temporal, pero no aplica por ejemplo el reciente RDL 18/2022 para establecer el mismo incremento al personal de los Casinos que a los/as empleados/as públicos.
De hecho el Convenio del Casino Playa de las Américas lleva sin negociarse y en prórroga desde 2013, y en la actual negociación se pretenden imponer recortes de derechos para la plantilla para aplicar un incremento salarial en torno a lo que se debería directamente aplicar y sin recortes de derechos en base al citado RDL 18/2022.
La denuncia de la corporación sobre la indemnizaciones pactadas con determinados trabajadores/as en los últimos años ha sido fruto del ajuste de plantilla que se ha venido impuesto en los últimos años, a través de despidos que fueron recurridos por los/as trabajadores/as como improcedentes y acordando indemnizaciones en el SEMAC, trabajadores/as que evidentemente no fueron sustituidos y cuyo coste para la empresa ha sido amortizado desde que se produjeron en el recorte de la masa salarial que supusieron para la empresa, nada excepcional al amparo de la legislación laboral para una empresa privada que cuando interesa se le considera pública.
