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El acuerdo garantiza el acceso de un millar de menores al sistema nacional de protección, cumpliendo así la orden del Tribunal Supremo.
Canariasenportada.com / Redacciòn
Tras meses de tensión institucional, el Gobierno de España y el Ejecutivo de Canarias han alcanzado un acuerdo clave para resolver la situación de cerca de mil menores migrantes que han solicitado asilo en el Archipiélago. El pacto establece que estos niños y adolescentes serán integrados de forma inmediata en el sistema estatal de acogida, tal y como exigía el Tribunal Supremo.
Fuentes del Gobierno canario han confirmado que la reunión mantenida con representantes estatales ha dado lugar a un marco común de actuación, basado en la premisa de garantizar los derechos de estos menores a través de su inclusión en el circuito nacional de protección internacional.
“Se trata de un avance importante y de justicia. Era insostenible que Canarias asumiera sola esta responsabilidad”, han señalado desde el Ejecutivo autonómico.
La derivación a centros de acogida de la Península o del propio Archipiélago se realizará en función de la edad de cada menor y del grado de arraigo en las islas, con una revisión caso por caso cada semana para asegurar un tratamiento personalizado y ajustado a su realidad.
Este acuerdo llega tras la presión judicial. En marzo, el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno central que asumiera de forma urgente la tutela de estos menores, recordando que la protección internacional es una competencia exclusiva del Estado. Tres meses después, y ante el incumplimiento, el alto tribunal advirtió de posibles medidas coercitivas contra los responsables políticos si no se actuaba con celeridad.
El entendimiento entre ambas administraciones será comunicado oficialmente al Tribunal Supremo esta semana, y supone un giro significativo en la gestión de la infancia migrante en Canarias, que había quedado desbordada ante la llegada masiva de menores sin acompañamiento familiar.
Con esta decisión, se da un primer paso hacia una corresponsabilidad real del Estado en la atención a menores migrantes, un asunto que Canarias venía reclamando desde hace años.
