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Los comités de empresa denuncian la falta de diálogo, la sobrecarga laboral y el abandono institucional en el área de menores, y reclaman la dimisión de Candelaria Delgado y del presidente Clavijo por su gestión «negligente»
Canariasenportada.com / Redacciòn
Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han lanzado una dura acusación contra la consejera del área, Candelaria Delgado, a quien señalan por «mentir» públicamente en el Parlamento de Canarias. Según denuncian, no existe ningún tipo de diálogo real con los trabajadores ni avances en los compromisos adquiridos por la administración, a pesar de las afirmaciones de Delgado en sede parlamentaria.
Representantes del Comité de Seguridad y Salud, así como de los comités de empresa, aseguran que no se han realizado reuniones de coordinación ni se han implantado medidas preventivas para reducir la grave sobrecarga laboral que afecta al personal, especialmente en el área de menores. «La situación es insostenible», afirman, señalando que las consecuencias ya se traducen en bajas laborales y problemas de salud derivados del estrés y la presión constante.
Los sindicatos también denuncian que los informes de evaluación psicosocial requeridos por Inspección de Trabajo han llegado con retraso y que la administración no ha actuado para paliar los riesgos detectados. Esta falta de respuesta, aseguran, pone en riesgo tanto al personal como a los menores atendidos.
La tensión entre el personal y la consejera viene de lejos. Ya en mayo de 2024, la organización sindical CCOO desmintió públicamente otra afirmación de Delgado sobre supuestas coordinaciones con representantes sindicales para mejorar la atención en el servicio 012. “Una vez más, mintió”, insisten los comités, que ahora exigen una rectificación inmediata de sus declaraciones y que asuma las consecuencias políticas de su gestión.
El descontento no se limita a la figura de la consejera. Parte del personal también ha exigido la dimisión del presidente Fernando Clavijo, al que acusan de permitir el “caos”, las “amenazas” y la “sobrecarga” en diversas áreas del sistema de protección social.
Un reciente informe de riesgos laborales confirma lo que los trabajadores llevan tiempo denunciando: una preocupante sobrecarga en el servicio de protección de menores, agravada por la rotación constante de personal temporal y un desequilibrio en la distribución de casos, especialmente en las zonas capitalinas.
«¡Basta ya!», claman los comités. «Las mentiras, la manipulación y la presión sobre el personal no pueden seguir siendo la norma». Reivindican respeto, protección efectiva y medidas inmediatas que garanticen condiciones laborales dignas y una atención adecuada a la infancia más vulnerable.
