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El anuncio del Parlamento iraní sobre el cierre del Estrecho de Ormuz ya sacude los mercados. Un experto advierte que los españoles podrían pagar hasta 20 céntimos más por litro de combustible si se concreta la amenaza.
Canariasenportada.com / Redacciòn
La tensión geopolítica en Oriente Medio vuelve a situarse en el centro de la escena económica global. La reciente amenaza del Parlamento de Irán de bloquear el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del tránsito petrolero mundial, ha provocado una reacción inmediata en los mercados. Aunque la medida aún debe ser ratificada por el líder supremo, Alí Jamenei, su mera posibilidad ya ha generado inquietud.
Por el Estrecho de Ormuz transita aproximadamente un 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier posible alteración en esta vía en un desencadenante inmediato de volatilidad energética. Según el economista Marc Vidal, “el precio de la energía podría dispararse en cuestión de días”, afectando directamente al consumidor.
Vidal, colaborador en el programa Herrera en COPE, explica que esta dependencia energética convierte cualquier tensión en el Golfo Pérsico en un “terremoto económico global”. En concreto, señala que el impacto para los españoles sería una subida estimada de hasta 20 céntimos por litro de combustible, lo que agravaría la presión sobre los hogares, ya afectados por la inflación y el encarecimiento de productos básicos.
Además del alza en los carburantes, el cierre de esta ruta estratégica podría elevar los costes del transporte, la producción y los alimentos, al dispararse los gastos logísticos en cadena. Europa, especialmente dependiente de la estabilidad energética, se vería particularmente afectada si se prolonga el conflicto o si Irán concreta su amenaza.
El clima en la región, ya tenso por el conflicto entre Israel e Irán, se complica con la retórica beligerante impulsada desde Estados Unidos y otras potencias. Aunque por ahora el bloqueo del estrecho no es un hecho, los mercados se adelantan a los peores escenarios, con consecuencias inmediatas para el consumidor.
El Gobierno español, al igual que el resto de la Unión Europea, sigue de cerca los acontecimientos, consciente de que cualquier alteración en el suministro energético puede tener consecuencias económicas y sociales de gran calado
