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El convenio colectivo del personal laboral de Tacoronte, en punto muerto

por Redacción
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Los concejales Carlos Medina y Sandra Ramos afirman que la falta de gestión del Grupo de Gobierno (NC, PSOE y Si se puede) se cobra una nueva víctima dentro del consistorio local

Canariasenportada.com

Nuevo capítulo para olvidar dentro de la gestión política de Tacoronte. Esta vez en el ámbito de  la gestión de derechos estatutarios del personal laboral. El alcalde, José Daniel Díaz, responsable  también de Recursos Humanos y el Grupo de Gobierno que lo sostiene (NC, PSOE Y SI se puede)  han demostrado  su incapacidad para conseguir  responder con altura de miras a un problema  enquistado durante años.

Lo que en apariencia durante más de tres años se ha disfrazado de buena sintonía y buen clima  de diálogo entre el personal del Ayuntamiento y el Grupo de Gobierno, ha acabado derivando en  una tomadura de pelo para el colectivo de trabajadores del consistorio, que ve como sus derechos  siguen en punto muerto ante la incapacidad, en particular de José Daniel Díaz, Alcalde de Nueva  Canarias, quien lideró personalmente las negociaciones, y en general, de su Grupo de Gobierno  compuesto por el PSOE y Sí Se Puede.

En el último pleno ordinario que tuvo lugar el 1 de diciembre se trató como un punto en el orden  del día la aprobación del convenio colectivo del personal laboral. Dicha iniciativa fue obligada a  tratarse debido a una sentencia judicial, fruto de una demanda interpuesta al Ayuntamiento por  parte de los trabajadores. Un vía crucis judicial derivado de la inactividad por parte del Grupo de  Gobierno  a  no  continuar  con  el  desarrollo  del  acuerdo  estatutario  que  permite  actualizar  y  mejorar la relación laboral entre la administración y el personal en busca de prestar mejor calidad  del servicio público.

La  propuesta  de  mejora  fue  negociada  durante  más  de  un  año.  Alcanzado  el  acuerdo,  fue  ratificada por la asamblea de los trabajadores para luego hibernar en la mesa del alcalde hasta  este momento en que, obligado por una sentencia judicial, lo incluye en el pleno. Finalmente,  este órgano acuerda dejarlo sobre la mesa por faltar los informes de recursos humanos, área que  es competencia del propio José Daniel Díaz, y otros aspectos que deben ser adaptados al marco  jurídico que rige las administraciones públicas.

La sensación es que José Daniel Díaz, que presume de ser jurista, se ha aprovechado de la buena  fe  negociadora  de  la  representación  del  personal  y  le ha  tomado  el  pelo  al  conjunto  de  los  trabajadores, pues ha tirado por tierra el trabajo, reuniones y tiempo empleado en un documento  que no parece interesar ni al responsable de Recursos Humanos, ya que es el propio Grupo de  Gobierno el que vota a favor de dejarlo sobre la mesa y no continuar el trámite, por su

incapacidad  de  reunir  los  informes  que  deben obrar  en  el  expediente  y  que  puedan  ser  informados  favorablemente  por  los  órganos  de  Secretaría  e  Intervención  general  del  Ayuntamiento.

De  un  responsable  político  se  espera  el  impulso  de  los  asuntos  públicos  y  la  solución  a  los  problemas enquistados. El personal que trabaja en el Ayuntamiento es pieza fundamental para  dar servicios de calidad y atención a las posibles demandas de la ciudadanía. En este sentido, dos  de las materias que debió haber gestionado el alcalde como responsable de área durante este  mandato han fracasado por completo: la renovación del convenio del personal laboral de un lado  y, del otro, el acuerdo ‘marco’ que regula el personal funcionarial del ayuntamiento, tal y como  establece la ley y el motivo por el que en el pasado se movilizó este colectivo al que pertenece la  Policía  Local entre  otros. Se  condena así el futuro  de la gestión municipal ante la inseguridad  jurídica en que se encuentran el personal que integran la entidad local.  

Díaz y su Grupo de Gobierno vuelven a hacer uso de la improvisación y la incapacidad de gestión  ante la responsabilidad que ostentan ya que, a pesar de las reuniones que han tenido junto a los  perjudicados,  han  demostrado  que  no  tienen  ningún  tipo  de  voluntad  política  en mejorar  las  condiciones del personal del ayuntamiento que dirigen.

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