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El alto tribunal sitúa al senador autonómico a un paso del juicio oral tras anular el archivo previo de la causa, impulsada por la familia del empresario Antonio González.
Canariasenportada.com / Redacción
El senador autonómico por Coalición Canaria y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, será previsiblemente juzgado por presuntos delitos de falso testimonio y denuncia falsa, según ha resuelto el Tribunal Supremo. El magistrado instructor del caso, Vicente Magro, ha ordenado continuar el procedimiento por la vía abreviada, lo que coloca al político lanzaroteño a las puertas de un juicio oral.
Esta decisión llega después de que la Sala de lo Penal del Supremo anulara el anterior sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa, al considerar fundados los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Ahora, ambas partes disponen de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento.
Un proceso judicial con larga trayectoria
El caso se remonta a 2009, cuando San Ginés, recién llegado a la presidencia del Cabildo, compareció ante la Guardia Civil para denunciar supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Climafrical, dirigida por el empresario Antonio González, ya fallecido. Estas acusaciones señalaban al entonces consejero del PSOE Carlos Espino, también denunciante del caso Unión, la mayor trama de corrupción investigada en Lanzarote.
No obstante, aquella investigación fue finalmente archivada. Años más tarde, la familia de González interpuso una denuncia por lo que consideraban una acusación infundada con el objetivo de dañar su imagen y entorpecer su actividad empresarial. El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife consideró que existían indicios suficientes para abrir juicio oral en 2022, y la Fiscalía llegó a solicitar una pena de año y medio de prisión para San Ginés, por considerar que mintió deliberadamente en un procedimiento penal.
Aforo parlamentario
El procedimiento pasó al Supremo en julio de 2023, cuando San Ginés fue designado senador autonómico por el Parlamento de Canarias, lo que le otorgó la condición de aforado. El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, que iba a celebrar la vista, se vio obligado a remitir la causa al alto tribunal.
Ahora, con la causa reactivada, el futuro judicial del senador se complica, a la espera de la decisión final sobre la apertura de juicio. De materializarse, San Ginés se convertiría en uno de los pocos senadores procesados por delitos contra la administración de justicia vinculados a su etapa como cargo público insular.
