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Catorce acusados se enfrentan a penas de hasta catorce años de prisión por presuntas irregularidades en cursos de formación.
Canariasenportada.com/ Las Palmas de Gran Canaria
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas inicia este martes el juicio del caso Fundescan, un escándalo de presunto fraude en subvenciones públicas destinadas a formación, con una cuantía total de 1,7 millones de euros. Los fondos fueron otorgados entre 2006 y 2009 a la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan), vinculada al sindicato UGT.
Quince años después de que se abrieran diligencias, catorce personas se sientan en el banquillo, acusadas de delitos contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones. Las penas solicitadas por la Fiscalía alcanzan hasta los catorce años de prisión para algunos procesados. La vista, que contará con 16 sesiones, podría extenderse hasta el 16 de mayo.
Un proceso largo y complejo
La investigación del caso Fundescan comenzó en 2010 y se prolongó durante doce años. Más de un centenar de testigos declararon durante la fase de instrucción y la lista de investigados llegó a superar la treintena, aunque finalmente fueron catorce los procesados. La Fiscalía acusa a nueve de ellos, mientras que el Gobierno de Canarias y un grupo de extrabajadores y profesores de la fundación también participan en el proceso como acusación particular.
Los acusados por el Ministerio Público incluyen a antiguos responsables de Fundescan y miembros de la Ejecutiva Regional de UGT. Entre ellos se encuentran Alicia María Rodríguez y José Lorenzo López, expresidentes del patronato de la fundación, así como otros exsecretarios y vocales que supuestamente participaron en el desvío de fondos.
Los hechos investigados
Las acusaciones sostienen que los procesados destinaron a financiar al sindicato UGT las subvenciones públicas recibidas para cursos de formación. Entre ellas destacan:
- Subvención de 2008: UGT recibió 744.426 euros del Plan Nacional de Formación e Inserción (Plan FIP Canarias 2008). El Servicio Canario de Empleo (SCE) reclamó el reintegro del total al no haber sido aplicado correctamente, pero Fundescan no lo devolvió.
- Subvención de 2009: Se destinaron 1.099.567,84 euros a programas de orientación profesional y autoempleo, de los cuales, según la administración, 852.032,24 euros fueron desviados.
- Subvención de 2008 para Economía Social: De los 302.163,42 euros otorgados, el SCE exigió la devolución de 193.826,65 euros.
La Fiscalía imputa tres delitos contra la Hacienda Pública y pide penas de prisión de hasta nueve años, además de multas que en conjunto suman 41,3 millones de euros. Por su parte, la acusación particular sostiene que se cometió un delito continuado de estafa y cuatro delitos de fraude de subvenciones, por lo que solicita penas de entre seis y doce años de prisión.
UGT defiende su gestión
Antes de la apertura del juicio, UGT difundió un comunicado en el que defendía la correcta impartición de los cursos, asegurando que Fundescan fue contratada para su ejecución y que el sindicato retuvo un porcentaje no superior al 15% para gastos de gestión y justificación de las subvenciones.
El juicio del caso Fundescan pone bajo la lupa la gestión de los fondos públicos destinados a formación en Canarias y podría marcar un precedente en la lucha contra el fraude en subvenciones.
