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La presidenta de Viviendas Sociales en Lucha demanda a Visocan por negarse a formalizar la venta de su VPO, mientras la empresa responde con otra demanda por impago de alquiler. El conflicto evidencia el bloqueo del decreto de acceso a la propiedad aprobado en 2023.
Canariasenportada.com / Redacciòn
La promesa de acceder a la propiedad de miles de viviendas sociales en Canarias se ha convertido en una pesadilla judicial para cientos de familias. El conflicto entre la empresa pública Visocan y los inquilinos del II Plan de Vivienda (1992-1995) ha escalado hasta los tribunales, con demandas cruzadas que reflejan el enquistamiento de una lucha que se arrastra desde hace décadas.
La presidenta de la asociación Viviendas Sociales en Lucha, Araceli Refoyo, ha demandado a Visocan por negarse a formalizar la venta de la vivienda de protección oficial que habita desde 1997, pese a que —según afirma— ha abonado más del 50% del precio estipulado. Asegura haber pagado ya 77.587 euros en concepto de renta, cuando el coste de venta de la casa es de 37.184 euros. Su objetivo: que la justicia reconozca su derecho a la propiedad sin desembolsar “ni un euro más”.
El procedimiento judicial, presentado en verano de 2024, ha sido víctima de un laberinto competencial entre juzgados de Telde y Las Palmas de Gran Canaria. Mientras tanto, Visocan ha contraatacado con una demanda por impago del alquiler desde enero de 2024, reclamando 3.805 euros. La empresa sostiene que solicitar el acceso a la propiedad no exime del pago de la renta mientras no se cierre el proceso.
El decreto aprobado en enero de 2023 por el anterior Gobierno autonómico autorizó la venta de unas 10.500 VPO anteriores a 1996, pero su implementación ha sido lenta y desigual. Visocan, que gestiona unas 4.500 de esas viviendas, no ha avanzado en la formalización de escrituras, lo que ha generado un profundo malestar entre los beneficiarios, que ahora exigen respuestas judiciales y políticas.
Además, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), obligado por el decreto a subvencionar el 50% del valor de estas casas, no ha presupuestado ni un euro para este fin en 2023 ni 2024. El silencio administrativo y la falta de partidas económicas han intensificado la frustración entre los inquilinos, que se sienten abandonados por las instituciones.
“Se están ofreciendo nuevas VPO mientras se nos niega el acceso a la propiedad a quienes llevamos casi 30 años pagando”, denuncia Refoyo, quien señala el conflicto de intereses de una empresa que ingresó 27 millones de euros en 2023 solo en rentas y podría perder una parte sustancial de sus ingresos si se concreta la transferencia de propiedades.
Con dos procesos judiciales en marcha y la tensión social al alza, este conflicto amenaza con convertirse en uno de los grandes escándalos de la vivienda pública en Canarias. Para los afectados, la esperanza depositada en el decreto de 2023 se diluye cada día que pasa sin soluciones.
