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A 18 años de su aprobación, miles de personas siguen muriendo sin recibir la atención prometida
Soldecanarias.net / Manuel J. FG
La Ley de Dependencia, concebida como un pilar esencial para garantizar el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad, cumple 18 años en España. Sin embargo, en Canarias, su implementación sigue marcada por la lentitud, la insuficiencia de recursos y un sistema que, lejos de garantizar derechos, perpetúa la desesperación de miles de familias.
El principal fracaso de esta ley radica en los extensos plazos de tramitación, que convierten cada solicitud en una carrera de obstáculos. A la burocracia se suma la falta de servicios adaptados a la creciente demanda y las escasas prestaciones económicas que, en muchos casos, resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Esta demora tiene consecuencias devastadoras: cada día, personas en situación de dependencia mueren sin ser valoradas o sin recibir las ayudas a las que tienen derecho. Las cifras, aunque desgarradoras, no logran captar la tragedia humana detrás de cada caso: familias agotadas, cuidadores desbordados y vidas truncadas por un sistema que prometía dignidad y protección, pero entrega abandono.
La realidad de la Ley de Dependencia en Canarias refleja un modelo que opera «a medio gas», como si la atención a las personas dependientes fuese una prioridad secundaria. Los recursos destinados no están a la altura de las necesidades de un territorio con una población envejecida en crecimiento y con tasas de dependencia al alza.
A casi dos décadas de su puesta en marcha, el balance es amargo. La Ley de Dependencia se ha quedado como un proyecto noble que no ha logrado materializarse plenamente. Mientras tanto, la deuda del sistema con quienes dependen de él sigue creciendo, y con ella, el clamor de las familias por un cambio real.
