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«El Gobierno ha optado por facilitar lo privado mientras asfixia lo público», manifiesta la socialista tras el rechazo a aumentar su financiación.
Canariasenportada.com / Santa Cruz de Tenerife
El reciente rechazo del Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), a la moción socialista que proponía un incremento de al menos cinco millones de euros para cada universidad pública canaria ha generado indignación y preocupación en el ámbito educativo. La portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Yaiza López Landi, ha denunciado lo que considera una falta de compromiso con la educación pública y una clara muestra de desinterés por garantizar su estabilidad financiera.
Con la peor ejecución presupuestaria de los últimos 15 años y 1.285 millones de euros sin ejecutar en 2024, el Ejecutivo autonómico se niega a destinar una cantidad mínima que ayudaría a paliar el déficit estructural que sufren las universidades públicas del archipiélago. López Landi ha calificado esta decisión como «una muestra de la incapacidad y la falta de voluntad política para asumir responsabilidades», señalando que mientras las universidades públicas luchan por mantenerse a flote, el sistema privado sigue expandiéndose sin obstáculos.
La expansión de lo privado frente al abandono de lo público
El crecimiento de las universidades privadas en Canarias es una realidad innegable. En 2024, se aprobaron 81 nuevas titulaciones, de las cuales 55 fueron para centros privados, y además se ha autorizado una quinta universidad privada sin garantías suficientes. «El Gobierno ha optado por facilitar lo privado mientras asfixia lo público», ha denunciado la diputada socialista.
Mientras tanto, la falta de estabilidad financiera sigue siendo un problema estructural que afecta a la calidad de la enseñanza, la investigación y la planificación a largo plazo. Sin contrato-programa, sin decretos actualizados y sin una estrategia clara, la situación de las universidades públicas se deteriora progresivamente. La ley exige una financiación estable, plantillas aseguradas y un sistema de investigación reforzado, pero el Gobierno de Canarias no está cumpliendo con estos compromisos.
Un compromiso insuficiente del Parlamento
Pese a este escenario de precariedad, el Grupo Socialista logró arrancar el compromiso del Parlamento canario para priorizar el contrato-programa, un mecanismo esencial para dotar de estabilidad y un marco plurianual adecuado a las universidades públicas. Sin embargo, este avance no es suficiente si no viene acompañado de una mayor inversión y una voluntad real de reforzar la educación pública en el archipiélago.
«Canarias está fallando a su comunidad universitaria. Sin una estrategia de financiación clara, las universidades públicas seguirán sufriendo recortes, falta de planificación y una creciente desigualdad con respecto al sector privado», advirtió López Landi.
El futuro de la educación superior en Canarias está en juego. La comunidad académica y la sociedad en su conjunto exigen respuestas y soluciones concretas. La inacción y la falta de inversión solo contribuirán a agravar un problema que ya amenaza con socavar los cimientos de la educación pública en el archipiélago.
