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El Gobierno de Fernando Clavijo solo ejecutó el 89,5% del presupuesto disponible, dejando sin invertir recursos equivalentes a los presupuestos de Bienestar Social, Universidades y Vivienda. La inversión en infraestructuras cayó en 295 millones respecto al año anterior.
Canariasenportada.com / Santa Cruz de Tenerife
Canarias cerró 2024 con la peor ejecución presupuestaria de la última década, dejando sin gastar un total de 1.329 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Esto supone que solo se ejecutó el 89,5% del presupuesto final de la Comunidad Autónoma, que ascendía a 12.682 millones de euros, el peor porcentaje desde 2012.
El dato es especialmente grave en el capítulo de inversiones, donde el Gobierno de Canarias solo ejecutó el 54,81% de los fondos disponibles, lo que se traduce en 294 millones de euros menos invertidos que en 2023. En un año en el que el Ejecutivo autonómico contaba con 1.120 millones más de presupuesto inicial respecto al ejercicio anterior, la inversión en infraestructuras y servicios públicos, lejos de aumentar, sufrió un descenso significativo.
Un superávit que no revierte en la ciudadanía
Además de la baja ejecución del gasto, Canarias cerró 2024 con un superávit de 537 millones de euros, el mayor en la historia de la Comunidad Autónoma, según los registros del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, estos fondos no pueden destinarse a servicios públicos esenciales, como vivienda social o ayudas a familias y empresas, debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que obliga a utilizarlos exclusivamente en la reducción de deuda.
El desfase entre lo presupuestado y lo ejecutado revela problemas graves en la gestión del Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, liderado por Fernando Clavijo. A pesar de contar con recursos sin precedentes, la falta de ejecución impidió que estos llegaran a la ciudadanía en forma de mejoras en infraestructuras, sanidad, educación o políticas sociales.
Este escenario pone en cuestión la capacidad del Ejecutivo para gestionar los fondos públicos de manera eficiente en un momento clave para la recuperación económica y el bienestar de los ciudadanos canarios.
