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La cifra de dependientes con derecho reconocido sin ayuda efectiva supera las 11.000 personas, mientras el Gobierno regional aplica un polémico decreto que permite colaboración privada en la gestión.
Canariasenportada.com / Redacciòn
Canarias vive una situación crítica en materia de dependencia. Según los últimos datos del IMSERSO, 11.799 personas tienen reconocido el derecho a recibir una prestación, pero continúan esperando por ella. De estas, 11.141 llevan más de seis meses en una situación de limbo, a pesar de haber cumplido todos los requisitos. A ellas se suman otras 6.417 personas pendientes de valoración de grado, lo que eleva a 17.558 el total de ciudadanos en espera de alguna respuesta.
La situación ha empeorado significativamente en los últimos meses. Desde diciembre de 2024, la lista de espera ha crecido en 4.321 personas. A finales del año pasado, la Consejería de Bienestar Social aseguraba haber alcanzado las 62.165 prestaciones, pero los datos actuales muestran apenas 53.152 activas, una pérdida de 9.012 prestaciones que no ha pasado desapercibida.
Desde la oposición y organizaciones sindicales se habla ya de un retroceso alarmante en derechos sociales. Nueva Canarias acusa al Ejecutivo de CC-PP de imponer una política regresiva, mientras que CCOO critica el “oscurantismo” en la publicación de cifras. La senadora socialista Marta Arocha calificó de “indefendibles” los datos y denunció la falta de transparencia institucional.
Uno de los cambios más polémicos es el nuevo decreto de dependencia promovido por la consejera Candelaria Delgado, que sustituye el sistema bifásico por uno monofásico para acelerar los trámites. Sin embargo, colegios profesionales, técnicos y sindicatos han criticado duramente el texto por abrir la puerta a la colaboración privada en la valoración y gestión, algo prohibido por la ley estatal, según ha advertido el Consejo Consultivo.
El Colegio de Trabajo Social de Tenerife ha alertado de que “no todo vale para acortar plazos” y que sin los recursos adecuados, la calidad de las valoraciones y los planes individualizados puede deteriorarse aún más. Yolanda Cívicos, de Intersindical Canaria, advierte de que se están simplificando procesos que requieren de un análisis técnico profundo, tanto social como sanitario.
El perfil mayoritario de quienes esperan es especialmente vulnerable: personas mayores de 80 años, en su mayoría mujeres (71%), que no pueden permitirse meses —y mucho menos años— de espera. La respuesta del Gobierno regional no solo ha sido insuficiente, sino que ha generado mayor incertidumbre y frustración entre familias y profesionales.
Mientras tanto, el modelo de atención sigue centrado en el cuidado informal: el 40% de las prestaciones se destinan a cuidados en el entorno familiar, muchas veces sin el apoyo adecuado. Los servicios como ayuda a domicilio, teleasistencia o centros residenciales siguen siendo minoritarios, representando apenas un tercio del total.
A medida que se acumulan los retrasos y crecen las críticas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto tiempo más podrán esperar las personas dependientes en Canarias?
