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El Archipiélago tutela a más de 5.600 menores no acompañados y urge al Gobierno central a cumplir con la reforma de la Ley de Extranjería y coordinar su traslado a otras comunidades.
Canariasenportada.com / Redacciòn
El Gobierno de Canarias ha instado este lunes al Estado a presentar un plan detallado y con fechas concretas para el traslado de los más de 4.400 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, expresó su deseo de que este proceso comience “antes del verano”, confiando en que la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada este lunes, sirva para concretar el cronograma de aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería.
En la actualidad, el Archipiélago tutela en solitario a 5.665 menores, acogidos en 86 centros habilitados de forma urgente ante el crecimiento de llegadas en los últimos años. “Canarias necesita una respuesta. No puede seguir asumiendo sola esta responsabilidad”, insistió Cabello.
El portavoz explicó que aún quedan dos incógnitas fundamentales por resolver: cuántas plazas aportará cada comunidad autónoma y en qué condiciones están esas plazas, es decir, si los territorios tienen margen real de acogida o si ya se encuentran saturados.
Algunas comunidades autónomas han recurrido la reforma legal ante el Tribunal Constitucional. Sobre este punto, Cabello señaló que la admisión a trámite era “una formalidad”, ya que el alto tribunal no ha evaluado el fondo del asunto, sino requisitos procedimentales como la legitimidad y los plazos de los recursos presentados.
A pesar de las objeciones, el Gobierno canario mantiene una posición optimista respecto a la legalidad de la reforma. “Ha pasado todos los filtros: la Abogacía del Estado, los servicios jurídicos de varios ministerios, las comunidades y el Congreso. Hay garantías suficientes”, defendió.
Canarias lleva meses reclamando una redistribución equitativa y solidaria de estos menores tutelados. La saturación de recursos y la complejidad de la atención a infancia migrante no acompañada ha generado una presión estructural sobre el sistema de protección del archipiélago, que ahora espera que el Gobierno central cumpla su compromiso sin más demoras.
