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Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio denuncian una gestión deficiente, condiciones laborales precarias, acoso y desprotección institucional, mientras el Ayuntamiento se desentiende del impacto de la privatización.
Canariasenportada.com / Santa Cruz de Tenerife
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Santa Cruz de Tenerife atraviesa una profunda crisis que ya no solo afecta a las trabajadoras, sino también a las personas más vulnerables a las que prestan asistencia. Quienes cuidan, denuncian estar completamente desprotegidas, atrapadas en una red de improvisación, maltrato institucional y explotación que se ha convertido, según ellas mismas, en una rutina insostenible.
“Es un desastre”, resume Verónica González, presidenta del comité de empresa, al describir la desorganización, la falta de coordinación y los cambios constantes en la estructura interna del servicio, ahora en manos de la empresa adjudicataria Atende. El sistema de turnos se comunica a última hora, hay errores de asignación de tareas y se exige a las trabajadoras recuperar horas incluso durante sus descansos, muchas veces sin previo aviso ni compensación adecuada.
Pero el problema va más allá de la gestión. Algunas auxiliares están de baja por haber sido enviadas a domicilios en condiciones insalubres, sin que la empresa ni el Ayuntamiento asuman medidas preventivas ni de intervención. “No somos personal de limpieza”, insisten, recordando que su labor es sociosanitaria: fomentar la autonomía, asegurar una vida digna en casa y prevenir el aislamiento. Sin embargo, denuncian estar siendo utilizadas como limpiadoras de emergencia, mientras se ignoran los protocolos y estándares que rigen el sector.
Las denuncias por vejaciones y acoso sexual también siguen sin respuesta efectiva. Las trabajadoras reclaman que el protocolo presentado por la empresa no contempla los casos donde los agresores son usuarios o familiares, una realidad que se ha repetido sin una red institucional que las ampare. “Prometieron campañas de prevención, pero no hemos visto nada”, lamentan desde el comité.
La raíz del conflicto, aseguran, está en la privatización del servicio, que ha convertido un derecho esencial en un contrato mercantil sin alma ni vigilancia real. Desde el colectivo exigen que el SAD sea gestionado por una entidad pública que garantice condiciones dignas tanto para las trabajadoras como para quienes reciben el servicio. “El modelo actual no cuida a nadie, ni a quienes lo prestan ni a quienes lo necesitan”, concluyen.
Mientras tanto, el Ayuntamiento asegura estar al tanto de las incidencias, aunque deriva toda responsabilidad a la empresa adjudicataria, a pesar de ser el ente que delegó y permitió esta gestión. Una gestión que, hoy por hoy, se tambalea entre la precariedad, el silencio y el olvido.
